¿Fuego amigo? El tremendo golpe que sus ‘amigos’ le dieron a Meade al perdonar a Duarte

Enrique Pérez Quintana . Desde que llegó al poder se convirtió en prioridad para el gobernador panista del estado de Chihuahua, Javier Corral, meter a la cárcel a su antecesor César Duarte, quien enfrenta diversas acusaciones, entre otras por los delitos bancario, defraudación fiscal y lavado de dinero, derivados de la denuncia interpuesta en 2014 por el activista Jaime García Chávez, por el presunto desvío de 65 millones de pesos para adquirir 15% de las acciones de Banco Unión Progreso Chihuahua, que opera en la entidad.

Sobre estas acusaciones la Procuraduría General de la República informó que su Unidad Especializada en Análisis Financiero determinó que durante su indagatoria no encontró elementos que acrediten que el ex Gobernador adquirió el 15% de las acciones del Banco Progreso Chihuahua, por un monto de 65 millones de pesos, por lo que no ejercerá acción penal en su contra.

A pesar de haber sido exonerado de esos delitos, el ex gobernador César Duarte tiene vigentes 12 órdenes de aprehensión, 11 por peculado agravado del fueron común y una por delito electoral.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, expresó que la determinación de la PGR “confirma que el presidente Enrique Peña Nieto no ha podido superar el compromiso político de protección con el ex mandatario.”  Consideró el anuncio como una vergüenza y un escándalo.

“Es el cinismo de un régimen que utiliza a la PGR para perseguir a sus adversarios políticos, a sus opositores, y para exonerar y proteger a los miembros de su partido, a los allegados del Presidente de la República”.

Aunque los delitos por los que fue exonerado Cesar Duarte son de alcance federal y siguen vigentes otros de alcance estatal, se interpreta la determinación de la PGR es un paso inicial hacia la impunidad que beneficiaría al exgobernador.

En el contexto actual de campañas de los partidos por la presidencia, destaca como parte del discurso de los aspirantes, la denuncia en contra de la corrupción y la impunidad, que protege los abusos de poder en que incurren los gobernantes.

Los partidos de oposición al PRI mantienen el señalamiento, como ejemplo de corrupción, a los exgobernadores Javier Duarte, de Veracruz, Roberto Borge, de Quintana Roo, ambos presos, y Cesar Duarte, de Chihuahua, considerado por el gobierno de esa entidad como prófugo de la justicia, aunque se sabe que reside en los Estados Unidos donde ha solicitado asilo político.

La determinación de la PGR llega en el momento en el que Ricardo Anaya mantiene su estrategia de ataque a la PGR y el presidente Peña Nieto, como mecanismo de defensa ante las acusaciones que tiene de lavado de dinero. Lo que significa que lo informado por la Procuraduría va a ser utilizado en la propaganda del PAN, como si fuera prueba de la forma en la que se auto protegen los priistas.

Desde luego que en el tema de combate a la impunidad y la corrupción perderá credibilidad el discurso de José Antonio Meade, para quien es vital pasar al segundo lugar para tener oportunidad de alcanzar al candidato de Morena, puntero en las preferencias electorales.

En el ámbito de la percepción internacional sobre la aplicación de la justicia en México, con su decisión la PGR confirma los resultados de la Universidad de las Américas Puebla y el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, en América Latina, en el que aparece en cuarto lugar, como un país con alta impunidad, con el 69.85 por ciento.

En esta ocasión la información divulgada por la PGR se convertirá en un búmeran que afectará al Gobierno Federal, pero sobre todo al candidato del PRI que aparece en la escena como afectado por el “fuego amigo”. Y es que por los tiempos que corren antes de abrir la boca se deben medir las consecuencias.

Yahoo.Noticias

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