Emilio Lozoya, el ‘preso’ consentido de la 4T cuyos lujos y privilegios distraen a México.

Corrió hasta que lo alcanzaron, lo trajeron y fue hospedado en un hospital de lujo, así justificaron que no iba a la cárcel, estaba enfermo. Desde que llegó al país Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, examigo y excolaborador de Enrique Peña Nieto, recibe “consideraciones” que le otorgan el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

Las “consideraciones” para Lozoya, según dijo el presidente López Obrador en su conferencia de prensa, consisten en catalogarlo como “testigo colaborador”, “porque lo que se busca en este caso y lo establece la ley, es saber más sobre el modus operandi, que se conozca más sobre los ilícitos, sobre los implicados, se profundice en la investigación… está sujeto a proceso y va a seguir declarando, tiene que informar.”

Por medio de una videoconferencia, como parte de las “consideraciones”, empezó el juicio contra Emilio Lozoya que está acusado por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa por los presuntos sobornos en los que participó, de más de diez millones de dólares, que recibió de las empresas Odebrecht y Altos Hornos antes y durante su desempeño como director general de Pemex.

La estrategia de Lozoya para comprobar su “inocencia”, consiste en ubicarse como víctima. Para ello hizo del conocimiento del juez que, «con relación a los hechos objeto de esta investigación, que fui sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado y denunciaré y señalaré a los autores de estos hechos y vuelvo a reiterar mi compromiso de colaborar con las autoridades del Estado Mexicano“. (Forbes, 29 de julio de 2020)

El compromiso de Lozoya de denunciar y señalar a los responsables es de gran interés para el presidente López Obrador que, en su conferencia de prensa señaló que lo que diga será “importantísimo, va a ayudar a que se destierre la corrupción en México” e invitó a los ciudadanos a “estar muy pendientes de todo el juicio y que no sea un asunto nada más de tribunales judiciales, que sea un asunto de un tribunal ciudadano, popular”.

El exdirector de Pemex deberá comprobar en los siguientes seis meses su inocencia y aportar pruebas que demuestren las intimidaciones y presiones que lo convirtieron en un instrumento de sus superiores, que fueron Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Pedro Joaquín Coldwell quienes, supuestamente, conformaron una red de corrupción en la que él fue “instrumentalizado” para cometer diferentes delitos.

El planteamiento de inocencia y denuncia de Emilio Lozoya, las expectativas de López Obrador sobre lo que dirá, los plazos del juicio y los tiempos electorales hacen previsible que éste proceso vaya a ser ampliamente divulgado, como ya lo es, y que servirá para sustentar el discurso presidencial en contra de la corrupción y sus beneficiarios del PRI y el PAN.

No parece que el objetivo sea que Emilio Lozoya vaya a la cárcel, o que vaya a ser objeto de una pena que le quite su libertad. El propósito es doble. Es un tema que distrae a los ciudadanos sobre la crisis sanitaria, económica y de seguridad que afectan a millones en el país. También es un elemento útil para calificar a los partidos de oposición como fuente de la corrupción que combate la 4T.

Tanto los objetos de Lozoya como las expectativas de López Obrador dependen de las pruebas que aporte y que estas inculpen a los funcionarios que, supuestamente, presionaron para beneficiarse de la mansedumbre y docilidad del inculpado.

La idea es que el escándalo escale hasta mostrar al “respetable público” los nombres e imagen de los villanos que abusaron de Lozoya, lo que parece viable en términos mediáticos, pero que en términos judiciales se ve distante. Por lo pronto, los delitos electorales en los que participó la empresa Odebrecht, que presuntamente financió la campaña de Enrique Peña Nieto, ya prescribieron. Eso aleja al expresidente de la cárcel, aunque lo mantenga en el foco del escándalo.

En el caso de la compra a precio alzado de la empresa Agro Nitrogenados, Altos Hornos se comprometió a regresar 200 millones de dólares con que se benefició, con ello se repara el daño y desactiva parcialmente el conflicto.